En una entrevista con CNN Prime, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, habló sobre la controversia relacionada con el mal uso de las licencias médicas en el Estado. La Contraloría ha encontrado miles de casos de personas que, a pesar de tener permiso por razones de salud, salieron del país.
En este contexto, el secretario de Estado mencionó que “claramente” aquellos que han cometido estas faltas no deberían regresar al servicio público. Sin embargo, fue enfático al señalar que el estatuto administrativo solo contempla como sanciones máximas la destitución o la inhabilitación por un período de 5 años. “Sin duda, un funcionario público que engaña de manera significativa a la ciudadanía no es alguien en quien se pueda confiar para desempeñar un buen papel en el sector público”, afirmó.
“Dicho esto, el estatuto administrativo establece sanciones de destitución, y en otros casos, destitución con prohibición de ejercer cargos públicos por un tiempo determinado; esos son los marcos y límites en los que podemos operar”, añadió. Al ser consultado sobre cómo se decidirán las sanciones, Boccardo explicó que “dependerá de cómo se configure la falta a la probidad, y en el caso de faltas graves a la probidad, se procederá a la destitución, lo que en algunos casos podría resultar en una inhabilitación por un tiempo”. Y aclaró que “la sanción máxima de inhabilitación que establece el estatuto administrativo es de cinco años”.
