Es un tema que surge de vez en cuando en las discusiones técnicas y legislativas. Para algunos, se trata de un sistema rígido que tiene efectos negativos en el mercado laboral, mientras que para otros, no protege completamente los derechos laborales. Hablamos de la indemnización por año de servicio.
En Chile, esta figura está regulada en el artículo 163 del Código del Trabajo. Desde 1981, se estableció un límite máximo para el monto de la indemnización legal por años de servicio, restringiendo su cálculo a un máximo de 330 días de remuneración, lo que equivale a 11 meses, o sea, 11 años de servicio.
Un grupo de diputados del Frente Amplio, incluyendo a Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Andrés Giordano, Carolina Bello y Emilia Schneider, ha presentado un proyecto de ley para eliminar el límite de 11 años. Esta iniciativa fue ingresada el 7 de mayo a la Comisión de Trabajo de la Cámara.
En la argumentación presentada, destacan los resultados de la Encuesta Laboral ENCLA 2023, realizada por la Dirección del Trabajo.
Según esta encuesta, el 76% de los trabajadores tiene un contrato indefinido, lo que, en teoría, les permite acceder a la indemnización por años de servicio. Sin embargo, se aclara que “la existencia de un tope en la indemnización limita considerablemente la compensación que un trabajador puede recibir en caso de despido, afectando especialmente a aquellos con más antigüedad en la empresa”. De acuerdo con el proyecto, esta restricción impacta de manera negativa a los trabajadores de mayor edad, quienes suelen tener más dificultades para reintegrarse al mercado laboral.
“Para ellos, la indemnización por años de servicio se convierte en una herramienta fundamental para enfrentar el desempleo prolongado y asegurar una transición digna hacia una nueva etapa de su vida, siendo un apoyo esencial en momentos de vulnerabilidad económica”, señala la iniciativa.
Por esta razón, se subraya que estas consideraciones, “de carácter doctrinario, normativo, histórico, económico y social, justifican plenamente la eliminación del límite actual en la indemnización por años de servicio, restableciendo el principio de reparación plena y proporcionalidad en su determinación”.
Además, se menciona que la propuesta tiene como objetivo “reconocer a todos los trabajadores con contrato indefinido el derecho a recibir una indemnización por la finalización del contrato, que sea proporcional a los años efectivamente trabajados, sin limitaciones legales que reduzcan de manera arbitraria dicha compensación”.
Según los expertos
Los expertos en el ámbito laboral advierten que esta medida podría llevar a un aumento en los costos para las empresas, lo que afectaría el empleo. Cristóbal Luksic, quien dirige el área Laboral de Mendoza Luksic y Valencia, señala que “el trabajo parlamentario, que utiliza recursos públicos, debería incluir estimaciones serias sobre cuántos trabajadores realmente superan los 11 años de antigüedad y cuál sería el impacto económico según el tamaño de las empresas”.
Para el especialista, “en un contexto donde los despidos han ido en aumento, no es muy alentador avanzar en una medida que podría, incluso, incentivar más desvinculaciones.
Eso no es lo que se desea si el objetivo es proteger el empleo y mejorar las condiciones laborales de manera efectiva”. Por otro lado, la abogada laboralista socia de Eguiguren Abogados, Ana Velásquez, señala que, aunque la eliminación del tope de 11 años es una medida positiva para los trabajadores, ya que promueve la estabilidad laboral y fomenta la permanencia en el empleo, “desde la perspectiva empresarial, esto incrementa significativamente los montos que deben destinarse a indemnizaciones por término de contrato, lo que podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, advierte.
En este contexto, Velásquez menciona que “la eliminación del tope de 11 años, considerando la complicada situación económica actual del país, podría tener un efecto negativo en el mercado laboral, ya que algunas empresas, como medida preventiva, podrían optar por reducir sueldos y aumentar la rotación, lo que incrementaría el desempleo”.
Mientras tanto, Diego Messen, socio de Moraga & CIA, señala que “aunque esto podría ser beneficioso para los trabajadores, al final del día puede llevar a distorsiones económicas. Estas distorsiones podrían solucionarse, por ejemplo, con mejores seguros de cesantía, que no afecten de manera directa e implícita la economía de la empresa cuando se enfrenta a la difícil decisión de desvincular a alguien, considerando este factor”.
